DPA: ¿será misión imposible detener a Gadafi?

La Haya, 16 may (dpa) – El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, solicitó hoy la emisión de órdenes internacionales de detención contra el líder libio, Muamar Gadafi, su hijo Saif al-Islam y el jefe de la inteligencia militar, Abdula al-Senussi, por crímenes contra la humanidad.

No obstante, dado que la CPI no dispone de un cuerpo militar o policial propio, y teniendo en cuenta que la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no permite el despliegue de tropas de tierra para una misión de ese tipo, cualquier hipotético intento por detener a Gadafi y a sus acólitos, en caso de que exista un mandato internacional, parece destinado al fracaso.

Y es que un posible despliegue de tropas de infantería en Libia, en el marco de la operación “Protector Unificado”, bajo mando de la Otan, es lo último que desearían ver los aliados, especialmente Estados Unidos, que teme una posible “iraquización” del conflicto, que acabaría quizás convirtiéndolo en crónico.

“Las pruebas demuestran que Muamar al Gadafi, haciendo uso de su poder omnímodo, ordenó personalmente ataques contra civiles libios desarmados: se trata de crímenes contra la humanidad que, en estos mismos momentos en que les hablo, se siguen cometiendo en el país”, aseguró el fiscal argentino en una abarrotada rueda de prensa en la sede de la CPI, en La Haya.

“Gadafi (de 68 años) cometió esos crímenes para asegurar su permanencia en el poder…fueron agresiones generalizadas y sistemáticas”, según el fiscal jefe del alto tribunal de Naciones Unidas, creado mediante el estatuto de Roma en 1998, pero que no todos los países reconocen, entre ellos la propia Libia.

Entre los crímenes de los que considera a Gadafi y a los otros dos miembros de su régimen penalmente responsables figura la muerte de entre 500 y 700 manifestantes civiles.

Pero, incluso si se emiten en breve órdenes internacionales de detención, las esperanzas de ver algún día a Gadafi sentado en el banquillo de los acusados es débil: en 2009, el TPI emitió una orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar Al Bashir, por crímenes de guerra en Darfur, pero hasta la fecha sigue al frente del país.

Las fuerzas de Gadafi “atacaron a civiles en sus hogares y dispararon con fuego real contra manifestantes en espacios públicos… sus francotiradores recibieron la orden de disparar a los manifestantes en el momento en que salían de las mezquitas”, agrega.

Se especifica además que el régimen del líder libio empleó armas prohibidas por las convenciones internacionales, entre ellas bombas de racimo, contra civiles inermes.

Por otro lado, según Moreno Ocampo, “las fuerzas de Gadafi elaboraron listas con los nombres de supuestos disidentes que fueron detenidos, encarcelados en Trípoli, torturados y desaparecidos”.

En el caso de Saif al-Islam Gadafi (de 38 años), el fiscal jefe de la CPI aseguró que sus equipos de investigadores cuentan con pruebas irrefutables de que el hijo del líder libio reclutó personalmente a mercenarios, algunos de ellos europeos, para ejecutar su tarea represora.

A pesar de que Saif al-Islam era considerado hasta hace poco la “cara más amable” y pro occidental del régimen libio, entre otros extremos por sus esfuerzos en pro de la apertura económica de su país, en los últimos tiempos, según la Justicia internacional, ha radicalizado sus posturas y se ha convertido en uno de los elementos básicos de la guardia pretoriana de su padre, junto a Al-Senussi.

“Su segundo hijo mayor, Saif al Islam, es el primer ministro ‘de facto’ y Abdulá al Senoussi es su mano derecha, el ejecutor”, comentó Moreno Ocampo.

Según uno de los equipos de expertos al servicio de la fiscalía de la CPI, “miles” de civiles podrían haber perecido desde febrero pasado a manos de las fuerzas leales a Gadafi.

En ese sentido, el fiscal del tribunal de La Haya considera a Gadafi, a Saif al-Islam y a Al Senussi “responsables penales principales” de los crímenes cometidos por el régimen libio durante la sangrienta represión de las revueltas populares, que reclaman que el hombre fuerte del país norteafricano, en el poder desde hace más de cuatro décadas, despeje el camino a la democracia.

El documento con las pruebas inculpatorias, de más de 70 páginas y recabado en los últimos meses por los expertos de la fiscalía de la CPI, queda ahora en manos de tres jueces de la corte para su análisis. Ellos deben decidir ahora los pasos a seguir.

Fuente: www.noticias24.com

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